Una positiva y contundente respuesta obtuvo el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por parte de la Contraloría General de la República, ante la consulta –realizada en noviembre de 2011- sobre la facultad de que sus funcionarios pudiesen abordar vehículos de traslados de imputados, especialmente los buses policiales, para resguardar en terreno los derechos de las personas detenidas.
Según el dictamen emitido por la Contraloría “es procedente que el INDH comisione a los personeros a que ingresen a cualquier lugar espacialmente limitado, que se encuentre a cargo de funcionarios públicos, en que pueda configurarse una privación de libertad, con la finalidad de obtener antecedentes necesarios para el cumplimiento de las atribuciones de este organismo”. Tal pronunciamiento se fundó no sólo en las disposiciones nacionales vigentes, sino también en normas internacionales de derechos humanos hechas valer por el Instituto en su presentación.
Para Lorena Fries –Directora del INDH- “este pronunciamiento constituye un avance sustantivo en la defensa de los derechos de las personas que se encuentran bajo custodia del Estado en cualquiera de sus recintos, y en particular para los/as detenidos/as durante las manifestaciones. Los vehículos de traslados de imputados y los buses policiales son, en todo el mundo, espacios de indefensión, en los que las posibilidades de vulneración de derechos aumentan mientras son trasladados/as a las unidades policiales. Esto lo constatamos en nuestras observaciones del año pasado y, lamentablemente, se ha reiterado en la actualidad”.
Lorena Fries añade que “este avance se suma a la instalación de cámaras de vigilancia en los buses policiales, anunciada hace algún tiempo por Carabineros, lo que permitirá tener un panorama más claro de lo que sucede en estos vehículos”.
