Una curiosa venganza en contra del ex fiscal del Caso Bombas, Alejandro Peña, habría realizado un grupo de okupas que usurpó la identidad del ahora funcionario del Ministerio del Interior y al que habrían involucrado en cuantiosas deudas que actualmente lo tienen en Dicom.
La información apareció publicada este sábado en El Mercurio y, según la nota, otras víctimas de la “venganza” son los fiscales que llevaron el juicio del Caso Bombas, Víctor Núñez, Francisco Rojas y Marcelo Apablaza.
También resultaron afectados el ex director de Inteligencia de Carabineros, general Bruno Villalobos; el prefecto inspector de la PDI y jefe de Inteligencia, Mario Loyola, y el subprefecto Pedro Silva, también de la PDI.
Asimismo, otros 2 ex carabineros que no tendrían relación directa con la investigación cayeron en Dicom por esta usurpación de identidades que es investigada por Carabineros y la Fiscalía Centro Norte.
Se supone que la suplantación ocurrió en octubre de 2011, cuando comenzó el juicio. Según El Mercurio,los usurpadores usaron los nombres completos y RUT de los afectados para inscribirlos como empleadores en la página web de una empresa que funciona como intermediaria de las declaraciones y pagos previsionales.
Los suplantados aparecían como contratantes de personas que ofrecen servicios domésticos. Sin embargo, nunca hubo movimientos de pagos de cotizaciones de parte de los empleadores, por lo que la firma intermediaria pasó los antecedentes de los supuestos deudores a Dicom.
De acuerdo con las investigaciones, los afectados no recibieron notificación de las deudas, y la situación sólo se reveló cuando uno de los afectados, al realizar un trámite, notó que figuraba como moroso en Dicom.
Las indagatorias llevaron a descubrir que el computador usado en la usurpación estuvo instalado en una casa okupa de calle Echaurren. El promedio de la “deuda” de cada afectado es de $135.000.
