Por Egon Montecinos. Existen municipios en el país que sistemáticamente han impulsado iniciativas de participación ciudadana. Uno de ellos es Peñalolén, que el domingo 10 de junio convocó un número importante de ciudadanos en la votación de proyectos que se ejecutarán con fondos del presupuesto participativo.
Hay una decena de municipios que han logrado sostener por más de 3 años consecutivos el presupuesto participativo, superando incluso el porcentaje de participación ciudadana alcanzado por Peñalolén. Entre ellos cabe mencionar a La Serena, Quillota, San Antonio, Lautaro, Pitrufquén, Purranque, Puerto Montt. Quiero graficar en estos municipios la silenciosa realidad participativa que se vive en el nivel local y que puede servir de base para iniciar procesos de fortalecimiento democrático desde lo local.
Pero ¿cuáles son los obstáculos que deben vencer para lograr sostener estos procesos participativos? Primero, deben luchar contra una cultura política conservadora que prevalece en “nuestros líderes políticos tradicionales”, quienes observan más con distancia/desprecio que con admiración/convicción este tipo de mecanismos. Se refieren frecuentemente a las innovaciones participativas como una “bonita práctica”, “digna de imitar” (pero en otro lado). Para esta elite, resulta natural que los ciudadanos asuman un rol pasivo durante el mandato del gobernante, situación que se revierte cuando debe elegirlo, ya que ahí se debe volver activo.
Por eso es que para nuestros clásicos gobernantes, -de fondo doctrinario ultra representativista-, las iniciativas como los presupuestos participativos u otras valen, literalmente, “callampa”, dado que lo importante se juega en otra parte y con distintos códigos.
El segundo obstáculo lo constituyen los múltiples prejuicios técnicos y políticos que deben derribar alcaldes y equipos antes de comenzar a instalar sus procesos participativos. Entre otros prejuicios, deben luchar contra argumentos como que la participación ciudadana es sinónimo de populismo, renovación de clientelismo, etcétera. Es verdad que algunas experiencias de participación ciudadana impulsadas por municipios han sido sinónimo de ello. Pero a pesar de eso, los municipios que se han tomado con relativa seriedad este tipo de procesos, han logrado demostrar que no se provoca tal fenómeno.
El tercer obstáculo es el diseño institucional. El relato “participativista” no encuentra un correlato con el diseño institucional, dado que no se reconoce la participación vinculante de ciudadanos en el proceso decisional de políticas públicas, ya sea regionales o sectoriales. No hay marcos organizativos que promuevan en el conjunto de actores los beneficios colectivos que se derivan de la participación y que ofrezcan incentivos necesarios para que se impliquen en ella.
El cuarto obstáculo lo representa la escasa autonomía de la sociedad civil. La característica principal de este fenómeno, es que la oferta de participación del municipio determina la dinámica social que se da en esos espacios. La sociedad civil local no ha sido capaz de profundizar estos espacios que podrían encaminarla a modificar las estructuras sociales de reproducción de la desigualdad política ante el representante. Como no hay una demanda proactiva de participación u ocupación de espacios públicos desde la sociedad civil, la oferta municipal se impone por sobre la inexistente demanda social.
Dado estos obstaculizadores, las iniciativas de participación ciudadana se mueven en la periferia de la política, están excluidas del interés político real, se vuelven casi un slogan. Para evitar que la participación ciudadana efectivamente se transforme en un instrumento de renovación de liderazgos clientelares, sería conveniente impulsar reformas participativas mirando nuestras propias experiencias, mejorando sus errores, potenciando lo bueno, porque tenemos buenas experiencias. Una cosa distinta es que sobren y estén invisibilizadas.
