Por Camilo Escalona El proyecto de
Ley de Pesca presentado por el Gobierno creo que no garantiza lo más importante,
que es una política pública de largo plazo que permita la existencia de la
pesca artesanal y que garantice su espacio y le entregue herramientas para
subsistir no sólo dramáticamente, sino para mantenerse como una actividad
económica capaz de reproducirse así misma, y por tanto, tener una perspectiva
futura que no esté poniéndose en duda.
Ese propósito
entendimos que si se iba a legislar para garantizar el futuro de la pesca
artesanal, y lo que se garantiza en realidad en la ley y que el gobierno indicó
con una decisión irreductible, es el futuro de la pesca industrial y
lamentablemente, su control por parte del núcleo que lo ha controlado durante
los últimos 30 años.
Votamos en
contra de los artículos que permitían la renovación de las licencias; yo en lo
personal voté contra la idea de legislar, y voté en contra en general el proyecto,
porque tenía esta grave falencia: estaba estructuralmente hecho para
favorecer a la pesca industrial y no garantizar el futuro de la pesca
artesanal, lo que se expresaba en un artículo que entrega licencias por 20 años
renovables, con la única exigencia que las empresas respeten la ley, lo que
significa poner una condición prácticamente de ‘perogrullo’, porque no cabe
duda que lo mínimo es que los conglomerados económicos respeten la ley.
Veinte años
renovables en el tiempo entregan licencias a perpetuidad, sin un compromiso
financiero que aumente la contribución de los conglomerados a las arcas
fiscales, tanto que el propio Ministro de Economía en la madrugada del jueves, a
minutos que finalice el trámite de la Ley de Pesca, tuvo que manifestar que
enviaría a la Cámara de Diputados un artículo distinto al que se votó en el
Senado, que rechazamos, pero que lamentablemente una mayoría aprobó y que
establecía un impuesto que disminuiría lo que los conglomerados pagan.
Esto es sin
duda incongruente y absurdo, y lo inconsistente del proyecto de ley del
Gobierno es que entrega a los conglomerados económicos operaciones económicas de
decenas de miles de millones de dólares. El gobierno propuso un artículo en que
a pesar de que le entrega decenas de miles de millones de dólares en ganancias
futuras, tendrán un impuesto más bajo que el que tenían a la fecha.
Esto es un
hecho francamente increíble y por eso que el propio ministro de Economía lo
tuvo que reconocer, diciendo que en el trámite que continúa en el Cámara de
Diputados tendrán que ingresar un nuevo artículo sobre el pago de impuestos de
estos conglomerados, con lo cual hemos llegado a límites increíbles de
favorecer la concentración de la riqueza y el aumento de rentabilidades de los
grandes grupos económicos, que nunca había sucedido en el país.
No conozco
ninguna ley en que a un conglomerado económico le aumente las ganancias, como lo
hace en este caso a los grupos de la pesca industrial, que además le disminuyen
los impuestos. Con esto estoy convencido de lo justo que fue haber votado en
contra de esta ley.
Queda un
último trámite en la Cámara de Diputados, pero ha sido tal la decisión del
ministro Longueira en sacar adelante este cuerpo legal como está, que
pienso que también impondrá su voluntad, aún cuando reconoció que tiene que
proponer una nueva redacción al artículo sobre el sistema de impuestos para la
pesca industrial.
Con todo, creo que la gran tarea del próximo tiempo
será que el nuevo gobierno pueda legislar a favor de la pesca artesanal, y por
lo tanto corrija la vergüenza que se produjo esta semana en la votación del
proyecto del gobierno de la Ley de Pesca.
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